4 mil personas al año gestionarán en Gandía medidas para no ir a prisión

Los ciudadanos de las comarcas de la Safor, la Marina Alta y la Marina Baixa que sean condenados a penas de prisión que puedan ser sustituidas por medidas de reinserción, o por trabajos en beneficio de la comunidad, ya no tendrán que desplazarse a Valencia o a Alicante para gestionar estas sanciones alternativas que les salvarán de terminar en la cárcel.

Desde el pasado martes, estos trámites se realizarán en Gandía gracias a un convenio con el ayuntamiento que incluyó la cesión temporal del edificio situado en la esquina que forman las avenidas del Grau y de Alacant.

Tras firmar el acuerdo de cesión del edificio donde funcionan desde ya las oficinas de Instituciones Penitenciarias, la alcaldesa de la ciudad destacó este nuevo paso en la “capitalidad” de Gandía, que ahora asume un papel de referencia no solo en la Safor, sino también en las vecinas comarcas de la Marina.

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Este acuerdo supone, en cierta medida, una superación de la división provincial en beneficio de ciudadanos a quienes se les acerca un servicio que antes tenían que gestionar en Valencia o Alicante, según publicó Levante-EMV.

Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, explicó que la mayor parte de quienes se beneficiarán de este servicio son personas condenadas por delitos contra la seguridad vial, en casos leves de violencia contra las mujeres, así como hurtos o robos cuando sea la primera vez que se cometen.

No son pocos los beneficiarios. Según datos del Ministerio del Interior aportados por Ortiz, en las provincias de Valencia y Alicante se producen 17.000 condenas de prisión al año susceptibles de sustituirse por penas alternativas. Entre una quinta y una cuarta parte de ellas se producen en la Safor y las dos comarcas de la Marina. Se trata, por lo tanto, de entre 3.500 y 4.000 personas.

Tanto Ortiz como la alcaldesa Morant valoraron la “colaboración ejemplar” entre las dos instituciones que dirigen para lograr poner en marcha este servicio que, como explicó la Liduvina Gil, concejala de Gandía encargada de toda la negociación, es fundamental para que muchos jóvenes que incurren en infracciones menores, como perder el carné de conducir, puedan rehabilitarse y reinsertarse sin necesidad de perder la relación con su ciudad, con su familia y, si lo tienen, con su puesto de trabajo.