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La exalcaldesa del Partido Popular del Real de Gandía, Vanessa Martínez, fue absuelta por el Juzgado Penal número 15 de València, de todos los cargos que le fueron imputados, tras haber contratado los servicios de la empresa Academia Valenciana de Juristas, AVJ, quienes se encargarían de la ejecución de una serie de informes jurídicos para el ayuntamiento.
Martínez en todo momento defendió su inocencia, no obstante la acusaron de haber incurrido en los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación administrativa y también de falsedad en documento mercantil, sin embargo fue absuelta de todas las acusaciones.
Es importante hacer mención de que en el año 2014 la Guardia Civil solicitó documentación en tres alcaldías de la Safor, siendo éstas la de Ador, el Real de Gandía y Benirredrà, las cuales habían contratado a las firmas Academia Valenciana de Jurists (AVJ) y Asesores Económicos Públicos, ambas envueltas en una trama de corrupción.
En el particular caso del ayuntamiento del Real de Gandía, el procedimiento abierto involucraba a la Academia Valenciana de Juristas, pues según se pudo conocer la exalcaldesa Martínez contrató desde el principio de su gestión a esta firma con el propósito de llevar a cabo una serie de informes jurídicos para el ayuntamiento que lideraba.
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Según informó Martínez, en su momento contrató los servicios de dicha firma porque requería informes jurídicos ya que encontró el ayuntamiento en un completo caos y además porque la secretaria de la corporación había renunciado a su cargo.
No obstante es importante mencionar que el hecho de haber elegido a la AVJ para realizar dichos informes no fue impuesto, sino que por el contrario era la que fue recomendada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias con el propósito de hacer asesoramientos jurídicos, por tal motivo causó grandes sorpresas el hecho de que alcaldes que siguieron la recomendación fueran imputados por haberlos contratados.
Vanessa Martínez mostró documentación donde expuso que los trabajos que se cancelaron a la firma fueron ejecutados y que la contratación fue completamente legal, a la vez que no perjudicó en ningún momento la administración local.
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