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El alcalde de Tavernes de la Valldigna y diputado en Les Corts por Compromís, Jordi Juan, y 11 ediles del municipio son investigados por los presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos y las libertades públicas por una querella que viene desde 2016.
Los hechos se remontan a marzo de ese año, cuando el Ayuntamiento aprobó sumarse a la campaña internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel (BDS) tras una votación en pleno con los votos a favor de Compromís, PSPV (Partido Socialista del País Valenciano) y EU (Extremadura Unida).
Ante ello, la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, (ACOM) presentó querella contra el Ayuntamiento de Tavernes al considerar que el texto aprobado “no sólo fomentaba el odio, sino que dejaba clara la promoción de la discriminación no sólo contra Israel, sino contra cualquier persona, española, israelí o extranjera, judía o no judía, que no declare su adhesión a los objetivos políticos de la campaña BD”.
ACOM interpuso recurso contencioso administrativo en septiembre de ese mismo año. En un principio el consistorio resolvió aceptar el recurso y admitió como válidos los argumentos de ACOM, que la declaración constituía una quiebra de las libertades públicas y la campaña lo convertía en responsable de fomentar, promover o incitar al odio.
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Pero en abril de 2017 dio un giro y alcanzó un acuerdo público y se volvió a unir al BDS, sumándose a los más de 80 consistorios y diputaciones que desde julio de 2014 se han sumado a la campaña de Espacios Libres de Apartheid (ELAI), liderada en el Estado español por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.
Ahora, ACOM ratificó la querella, según publicó Las Provincias, lo cual quiere decir que el colectivo, en su primera declaración ante el magistrado que investiga los hechos, mantiene los mismos argumentos que cuando presentó la demanda.
Las consecuencias penales para cada uno de los 12 ediles, entre los que se encuentra el alcalde Jordi Juan, podrían llegar a la inhabilitación para el desempeño de cargo público e incluso de cárcel.
Desde el gobierno, el edil Josep Llácer dijo a Las Provincias que todo esto está sacado de contexto:
“Lo que se aprobó fue un escrito de EU, no era contra Israel, sino contra personas o entidades que se beneficiaran del conflicto que se produce en Oriente Medio. Sin ir más lejos, para el festival Sete Sois, Sete Luas contratamos a una cantante de Israel, no estamos en contra de este país”, indicó.
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