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La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a penas de entre cinco y siete años de prisión a cuatro ciudadanos de nacionalidad búlgara, todos miembros de una misma familia, por explotar a compatriotas en tareas agrícolas en diferentes provincias españolas, entre ellas, Tavernes de la Valldigna.
Según la sentencia, reseñada en el poralweb de Cope, los procesados obligaban a las víctimas a trabajar de sol a sol y a vivir hacinadas y en condiciones insalubres. En Tavernes, mantenían hacinadas a 15 personas que tenían que dormir con colchones en el suelo y soportar la falta de condiciones higiénicas mientras eran explotadas en la recogida de naranjas.
Además, se quedaban con la totalidad o una parte muy importante de sus sueldos con la excusa de que debían pagar el viaje desde Bulgaria o los gastos de su hospedaje, les retenían la documentación personal y el permiso de trabajo.
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La sala impuso siete años de cárcel por un delito continuado contra los derechos de los trabajadores a uno de los condenados, padre de otros tres detenidos, como ''máximo responsable de lo ocurrido”, ya que de él era quien tomaba las decisiones''.
Los tres hijos, que ejecutaban “las órdenes por su padre” fueron condenados a penas de cinco años por el mismo delito.
Un quinto acusado que había colaborado en el alojamiento de los trabajadores pero no en su explotación laboral fue exculpado. La sentencia también les obliga a los condenados a indemnizar a las víctimas.
Según refiere Cope, los procesados captaban a ciudadanos búlgaros con escasos recursos económicos en su país, principalmente en la región de Pleven, y los trasladaban luego a España para trabajar en tareas agrícolas, sobre todo en la recolección de cítricos, patatas, cebollas, ajos o en la vendimia.
Los condenados también emplearon en estas condiciones a otros 30 búlgaros en Cuéllar (Segovia) a los que pusieron a trabajar en la vendimia y la recolección de patatas y cebollas.
La sentencia estima que entre los meses de diciembre de 2015 y octubre de 2016 el padre y los hijos cobraron más de 69.500 euros, además de otras cantidades en negro, de empresarios de la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla y León.
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