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El gobierno de Gandía anunció este martes la clausura de un inmueble que es habitado por decenas de personas inmigrantes, pese a que carece de cédula de habitabilidad y sólo cuenta con permiso de establecimiento comercial.
La acción del ayuntamiento se dio en respuesta a las reiteradas denuncias que venían formulando los vecinos, que llevan casi dos años protestando ante los responsables políticos por el uso ilegal que se le está dando a dicho local comercial, situado en una de las avenidas más transitadas de la ciudad.
De acuerdo con la reseña publicada por el periódico Las Provincias, los vecinos denuncian que allí duermen más de 25 personas cada noche, según dijo la presidenta de la comunidad de propietarios, Elisa Carbó, una de las dirigentes de la Asociación de Vecinos de República Argentina, distrito donde se encuentra el local.
El interior de este bajo se ha dividido en pequeños habitáculos con apenas un pequeño espacio para ubicar un colchón. El acceso a estas “habitaciones” se cubre con una cortina y hay una sala común con una gran mesa, donde los moradores consumen sus alimentos. En esta suerte de salón hay una cocina, con fogones, armarios y nevera.
El gobierno reconoce que las condiciones del local son inapropiadas para el uso como vivienda
Según el citado diario, la estancia también cuenta con un acceso a un entresuelo, mediante una estrecha escalera, por donde se llega a más compartimentos, en los que duermen otros inmigrantes.
Los residentes de los pisos superiores, más de un centenar de personas en 32 pisos, temen que ocurra una desgracia cualquier día.
“Vemos como entran botellas de butano y como salen cada día decenas de personas tras pasar la noche ahí dentro. No entendemos por qué los camiones dejan bombonas si no se trata de una vivienda”, dijo Carbó.
La vecina aseguró que, al parecer, estas personas pagan un alquiler de entre 40 y 50 euros a la semana.
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Carbó añadió que llevan dos años advirtiendo de la situación en las Juntas de Distrito y que el “policía de barrio” ha redactado hasta cinco informes, aunque estos datos no fueron confirmados por el área de Seguridad de Gandía, detalló Las Provincias.
Quien sí confirmó que allí residen inmigrantes de forma ilegal fue el concejal de Responsabilidad Social y presidente de la Junta de Distrito, Nahuel González, que lamentó que estas personas estén viviendo en esas condiciones.
Relató que se personó en el local hace algunos meses, junto a agentes de Policía Local para ver en qué situación se encontraba.
El edil dijo que desde el gobierno se pusieron en contacto con la persona que tiene arrendado el local y le instaron a que clausurara la actividad, pero presentó alegaciones aseverando que estaba tramitando la documentación para establecer allí la sede de una organización no gubernamental (ONG)
Pero las quejas de los vecinos se han mantenido y ante esta situación el coordinador de Urbanismo de Gandía, Vicent Mascarell, indicó este martes que el ejecutivo se ha puesto manos a la obra para acabar con esta situación.
Indicó que en tan sólo unos días firmará un decreto, como responsable del área, clausurando el local por no ajustarse a la licencia.
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