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El Ayuntamiento de Oliva tendrá que iniciar los trámites para la expropiación de una parcela y pagar a su actual propietario de acuerdo con una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 9 de Valencia.
Según el texto de la sentencia, el titular de la sala dio la razón a un vecino de la localidad que solicitaba desde hace varios años que el gobierno local le comprara su terreno al tratarse de suelo dotacional, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El asunto llegó a los tribunales años después de que el dueño del terreno pidiera la expropiación voluntaria, algo que podía hacer por la catalogación de sus terrenos dentro del Plan General.
Las solicitudes de expropiación comenzaron a ser presentadas por el vecinos desde 2009, pero el consistorio nunca respondió. Finalmente, según reseña Las Provincias, el vecino presentó una hoja de apreciación, documento que pudo entonces presentar porque habían pasado más de dos años desde que inició sus solicitudes y no haber obtenido respuesta alguna en ese tiempo, es decir, por el silencio de la administración.
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Esta reclamación sí obtuvo respuesta del ayuntamiento. Se produjo en mayo de 2017 para denegar la petición del vecino, según lo evidencia un decreto de alcaldía, firmado por el primer edil, David González, y la secretaria general en el que se denegaba el pago solicitado por el dueño del terreno ubicado en Santa Anna, al lado del castillo.
Ante esta situación, el propietario acudió a los juzgados donde el magistrado le dio la razón.
La sala de lo Contencioso Administrativo ha estipulado que el gobierno local tiene la obligación de realizar el justiprecio, es decir, poner precio para la expropiación e iniciar el trámite.
El magistrado entiende que pasó el tiempo inicial sin que se diese la debida contestación a las peticiones que presentó durante esos años el vecino, por lo que insta al Ayuntamiento a expropiar porque, además, no se presentó ante el juez como parte demandada.
Desde el gobierno indicaron que acatarán la sentencia y que los técnicos municipales fijarán el precio que le corresponda a la parcela y la pagarán.
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