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El portavoz del Partido Popular (PP) de Oliva, Salva Cota, manifestó las reservas que tiene su organización por la pasividad del gobierno local con el caso de la parcela de Santa Anna, que ahora tiene que ser expropiada para cumplir con la sentencia de un juzgado.
El pasado lunes, un tribunal de Valencia dictó sentencia que obliga al consistorio a iniciar los trámites de expropiación, que el propietario de la parcela, ubicada al lado del castillo, solicitó en múltiples oportunidades durante la última década.
Pese a tantas solicitudes, el vecino no logró respuesta y, cuando se produjo, fue para denegar la petición en un escrito suscrito en 2017.
El PP de Oliva sostiene que el gobierno local ha querido ocultar un presunto “trato de favor” con el dueño de la parcela pues, señaló Cota, se trata de “uno de sus socios de gobierno”.
Señaló que en el PP consideran que si el fallo judicial es que el municipio compre la parcela, el ayuntamiento de Oliva hace bien en respetarlo, como anunció que lo hará el alcalde nacionalista David González.
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Pero lo que no le cuadra bien a los populares es que el ayuntamiento no hiciera presencia en el tribunal cuando el vecino afectado llevó el caso a los tribunales.
“El consistorio no designó representante, no acudió al tribunal y esto parece que es algo premeditado”, dijo el portavoz del PP.
Cota manifestó que sospecha que “puede haber trato de favor” ya que la persona que demandó la expropiación “ha formado parte en dos ocasiones de las listas del partido Gent d'Oliva, que ha respaldado a David González”, por lo que intuyen cierta “connivencia en el proceso”.
Resaltó que el alcalde es el responsable de la defensa de los intereses y patrimonio municipal y en este caso no lo hizo en los tribunales.
Según Cota, con ello queda claro que desde la Alcaldía no se defendieron los intereses de la ciudad como es su obligación por Ley, y ahora su dejadez obliga a pagar al Ayuntamiento las costas del juicio y el beneficio a un particular con casi 200.000 euros.
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