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El Ayuntamiento de Palma de Gandia reafirma su compromiso de garantizar el suministro de agua embotellada a sus residentes durante todo el año 2024. Desde el pasado mes de octubre, el consumo de agua del grifo, proveniente de un pozo local, fue prohibido por Salud Pública debido a su alto contenido de nitratos.
En un pleno extraordinario celebrado el lunes pasado, todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento (Compromís, PSPV-PSOE y PP) aprobaron por unanimidad destinar 100.000 euros para la adquisición de garrafas. Esta partida presupuestaria será financiada a través del remanente de tesorería del Ayuntamiento.
A pesar de que la alcaldesa, Paula Femenia, del partido Compromís, aún no ha recibido confirmación oficial de la ayuda económica por parte de la Diputación o la Generalitat, la Corporación provincial aprobó en su pleno del 21 de noviembre brindar “asistencia técnica, jurídica y económica al Ayuntamiento” para resolver esta situación.
Cabe destacar que esta problemática afecta no solo a los residentes, sino también a algunas empresas de alimentación ubicadas en el polígono industrial que dependen del suministro de agua para sus procesos de producción.
La alcaldesa Femenia confía en que en los próximos meses se obtendrán noticias favorables por parte de estas administraciones, que en la actualidad se encuentran inmersas en la elaboración de sus presupuestos.
La cantidad destinada a la compra de garrafas se ha establecido en base a una extrapolación de los gastos realizados por el Ayuntamiento desde octubre, los cuales ascienden a 15.900 euros. Todos los concejales están unidos en la convicción de que esta es la principal prioridad del pueblo, pero también reconocen que el Ayuntamiento no puede soportar indefinidamente esta carga económica.
Las garrafas, que ahora tendrán una capacidad de 6,5 litros en lugar de 5 litros, se distribuyen dos días a la semana, proporcionando dos litros y medio por vecino. El proveedor seleccionado es La Serreta, una empresa con manantial en la Font de la Figuera. Actualmente, se están realizando contratos menores, y se pretende continuar con esta modalidad el próximo año, avanzando gradualmente.
La cantidad necesaria podría reducirse si se logra completar las obras necesarias para que el agua del grifo sea potable en 2024, aunque esto es poco probable. La clave para resolver esta situación radica en la construcción de una canalización que se conecte con pozos en Villalonga, gestionados por la Mancomunitat de Municipis de la Safor, con una conexión más cercana desde Potries.
El plazo de ejecución de estas obras es relativamente corto, estimado en unos seis meses, y el proyecto ya ha sido redactado y presentado a la Generalitat y a la Diputación. Sin embargo, la inversión necesaria supera el millón de euros, por lo que el Gobierno local insiste en la necesidad de contar con la ayuda de otras administraciones.
Hasta que no se hayan formalizado compromisos firmes, el Ayuntamiento no se atreverá a emprender unas obras de tal envergadura.
Se han realizado avances en las gestiones con la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Mancomunitat de la Safor para obtener los permisos necesarios y unirse a la red.
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