Ya está en pleno funcionamiento el nuevo servicio de Saforbici, con 220 bicicletas nuevas y todas las bases renovadas, además de un sistema de anclaje óptico que resulta mucho menos agresivo y dañino para estos vehículos.
Durante el último año se había convivido con un sistema mixto donde encontraban las bicicletas y bases de anclaje mecánico. El concejal Xavi Ródenas, al frente de Gestión Responsable del Territorio, que incluye la Movilidad Sostenible, dijo que desde este lunes se eliminó este tipo de anclaje.
Indicó que ahora las 45 bases en funcionamiento son de anclaje óptico, un sistema que ha demostrado es mucho más útil, produce menos averías y las que se producen se reparan con más facilidad, reseñó un comunicado de prensa del Ayuntamiento de Gandía.
Apuntó que, al contrario de lo que se atribuía, el vandalismo no es tan alto puesto que los desperfectos que hasta ahora se reportaban desde Saforbici eran producidos en buena parte por el sistema de anclaje mecánico, muy violento, que echaba a perder bases y bicis.
Sobre el destino de las bicicletas han sido desincorporadas del servicio, Ródenas indicó que el ayuntamiento está cerrando un acuerdo con una organización no gubernamental (ONG), que no identificó, para que sean utilizadas por niñas y niños que no pueden optar a tener una.
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El concejal de Movilidad Social dijo que el número de usuarios del servicio está en aumento, sobre todo en cuanto a los abonos diarios y semanales, que se pueden realizar de una forma autónoma en las bases de anclaje óptico.
Refirió que en el último verano se duplicó el uso respecto al año anterior, y asumió el compromiso de trabajar para hacer público periódicamente el número de usuarios, como se hace con otros servicios, como por ejemplo, el de recogida de animales abandonados.
Adelantó que la meta es llevar de 220 a 500 el número de bicicletas en la calle, tal como lo tiene pendiente de cumplir la empresa Saforbici.
El edil de Més Gandia resaltó el esfuerzo desplegado para modernizar un servicio que ha centrado buena parte de las críticas del Partido Popular, “a pesar de ser ellos los culpables al dejar en herencia un sistema desastroso, ilegal, y que costaba 45.000 euros mensuales a la ciudadanía”.
Detalló que el actual gobierno municipal se encontró con 14 personas en nómina, pero en realidad solo cuatro trabajadores prestaban servicio, y del resto no se sabía lo que hacía. Indicó que al sacar un contrato menor, el ayuntamiento consiguió contratar a tres personas y reducir el coste mensual hasta los 15.000 euros.